 |
Política
LA PAZ - Cambio
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró ayer que el senador Róger Pinto, de la opositora Convergencia Nacional (CN), tiene procesos penales en su contra, entre ellos uno por tentativa de asesinato.
“Los otros procesos contra el señor Pinto tienen que ver incluso con asesinato, hay otros procesos que fueron denunciados por sus propios correligionarios”, aseveró la Ministra.
Recordó el intento de asesinato que sufrió la fiscal de Distrito de Pando, María Dely Atiari, quien después de una audiencia conclusiva en uno de los casos que se siguen contra Pinto fue buscada en su hotel para dispararle.
Por el caso existen dos detenidos en la cárcel de Cobija, y el caso aún se investiga. La fiscal renunció asustada porque vio su vida en peligro.
El 24 de mayo se suspendió una audiencia conclusiva que se presume fue aprovechada por Pinto para pedir asilo en la Embajada de Brasil. El 6 de junio debía continuar el proceso.
El caso al que Pinto teme se relaciona con la supuesta entrega de dinero a la universidad de Cobija y la creación de nuevas carreras, lo que no se produjo y todavía no se conoce el destino que tuvieron esos recursos.
El daño económico alcanza a más de seis millones de dólares, un monto considerable que no se sabe dónde fue a parar, afirmó la autoridad.
Otro caso con imputación formal contra el senador pandino se refiere a los desembarcaderos que hasta hoy no existen, al igual que el retiro de fondos, de los cuales no hizo el descargo de ley que correspondía al tratarse de recursos del Estado.
Otro caso que pesa sobre Pinto es sobre la venta de los terrenos de la Zona Franca de Cobija. El último caso fue relacionado con el bingo Bahití, donde se detectó que muchas personas recibieron dinero de la casa de juegos, entre ellos el asambleísta de CN.
Sus propios correligionarios aseguran que Pinto tiene 21 casos pendientes, pero la Ministra aclaró que sólo serían 14, de ellos 5 por corrupción, 4 procesos por desacato seguidos por el vicepresidente Álvaro García Linera, el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, el fiscal Marcelo Soza y la ministra Suxo.
La documentación sobre los procesos penales que pesan sobre el senador Pinto fue remitida al Alto Comisionado de Derechos Humanos y a las autoridades que la pidieron.
La Ministra explicó que la persecución política se da contra una persona cuando es perseguida por sus ideales o por su forma de pensar, lo que es amparada por las leyes bolivianas, pero el hecho de tener denuncias penales no puede ser obviado.
Existen cinco denuncias que son procesadas y llevadas adelante por el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público, de ellos uno estaría con imputación formal, dos en etapa preliminar y un caso en juicio en los juzgados de Pando.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde también aclaró que aún no existe una nota formal de la Cancillería de Brasil que informe sobre la supuesta concesión de asilo a favor del senador de Convergencia.
Se retirará la denuncia contra Pinto por desacato
Para evitar que el senador Róger Pinto utilice las denuncias en su contra por desacato para mostrarlas como procesos por persecución política, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró ayer que está dispuesta a retirarla.
“Yo estoy dispuesta a desistir de la denuncia que hice contra Pinto, pese a que él jamás ha limpiado mi imagen. Estoy segura que el Vicepresidente (Álvaro García Linera) también lo hará para que no tengan el argumento que forma parte de una supuesta persecución política”, aseveró.
Suxo explicó que la sanción por desacato tiene una privación de libertad de seis meses a dos años, lo que haría al senador exento de ir a la cárcel y con una disculpa pública puede lograr que los procesos se terminen.
